Juzgan en Francia a un multimillonario por cazar aves protegidas

Juzgan en Francia a un multimillonario por cazar aves protegidas

Un juicio inédito en Francia

El multimillonario francés Olivier Bouygues, de 75 años, se sienta estos días en el banquillo de los acusados en el Tribunal Correccional de Orleans por presuntos delitos relacionados con la caza ilegal y la destrucción de especies protegidas en su finca privada de Sologne, al sur de París. El proceso comenzó el 7 de septiembre y está previsto que se prolongue durante dos jornadas.

Bouygues, cuya fortuna ronda los 3.200 millones de euros, está siendo juzgado junto a otras cinco personas, entre ellas trabajadores y responsables de la gestión cinegética de la propiedad. El caso ha despertado una gran expectación porque las organizaciones ecologistas lo consideran un proceso sin precedentes en Francia.

Una investigación que comenzó tras una denuncia anónima

Las pesquisas se iniciaron después de que una denuncia anónima llevara a la Policía hasta la propiedad de Bouygues. En junio del año pasado, los agentes registraron la finca, de unas 600 hectáreas, situada en la región de Sologne, una de las principales zonas forestales de Francia.

Durante la operación, los investigadores localizaron indicios que apuntaban, según la acusación, a prácticas de caza prohibidas que podrían haberse desarrollado durante años. Entre los hallazgos figuraban restos de animales, armas y diferentes sistemas de captura cuya utilización está prohibida en Francia.

Hallaron restos de numerosas aves protegidas

Uno de los elementos más importantes de la investigación fue el descubrimiento de una fosa en la propiedad donde se encontraron restos de diferentes especies de aves protegidas. Entre ellas figuraban garcetas grandes, aguiluchos, cernícalos, cormoranes grandes y busardos ratoneros.

Los investigadores también encontraron documentación con listas de animales considerados como especies que debían ser eliminadas. Según las informaciones difundidas durante la investigación, esos documentos registraban diferentes especies abatidas durante las temporadas de caza.

Trampas y otros elementos prohibidos

La investigación también permitió localizar decenas de trampas de mandíbula, un sistema prohibido en Francia desde 1995. Los agentes encontraron además otros objetos relacionados con las actividades cinegéticas desarrolladas en la finca.

En la propiedad se habría utilizado incluso una excavadora para abrir fosas destinadas a enterrar los animales abatidos. Estos elementos forman parte de las pruebas que deberá valorar ahora el tribunal para determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados.

Bouygues niega las acusaciones

El empresario compareció ante el tribunal junto al resto de los acusados. Su abogado ha señalado que Olivier Bouygues mantiene una «contestación total de los hechos», por lo que será durante el proceso cuando se analicen las acusaciones y las pruebas recopiladas por los investigadores.

La defensa tendrá que responder a las acusaciones relacionadas con la destrucción de especies protegidas y otras posibles infracciones cometidas en la finca. El tribunal deberá determinar individualmente la responsabilidad de cada uno de los procesados.

Las asociaciones ecologistas consideran el proceso histórico

Numerosas organizaciones de protección de la naturaleza se han personado como partes civiles en el procedimiento. Entre ellas se encuentra la Liga para la Protección de las Aves (LPO), que considera que el caso puede enviar un mensaje importante sobre el cumplimiento de las normas de protección de la biodiversidad.

Las asociaciones sostienen que las leyes medioambientales deben aplicarse independientemente de la posición económica de las personas implicadas. Para los colectivos conservacionistas, el proceso representa una oportunidad para recordar que las especies protegidas cuentan con una protección legal que debe respetarse también dentro de propiedades privadas.

Hasta siete años de prisión

Los delitos que se investigan pueden acarrear penas importantes. En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentarse a hasta siete años de prisión y multas que pueden alcanzar los 750.000 euros, según la acusación y la legislación aplicada al caso.

La sentencia tendrá que establecer qué hechos han quedado demostrados y qué responsabilidad corresponde a cada acusado. Hasta que exista una resolución judicial, todos ellos mantienen su presunción de inocencia.

Un caso que pone el foco en la protección de la biodiversidad

El juicio ha adquirido una dimensión que va más allá de la actividad cinegética. Las organizaciones ambientales consideran que el procedimiento puede convertirse en un precedente para reforzar la protección de especies amenazadas y demostrar que las normas de conservación deben aplicarse a todos por igual.

La vista judicial continuará en Orleans mientras el tribunal analiza las pruebas y los testimonios relacionados con las actividades desarrolladas durante años en la finca de Sologne. El proceso podría marcar un antes y un después en la persecución de la destrucción organizada de especies protegidas en Francia.

 

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