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El Nobel de Medicina 2026 premia un avance revolucionario que podría devolver la vista a millones Veronica Gómez
Castilla y León, Extremadura y Aragón han anunciado que rechazarán los posibles traslados de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta y que acudirán a los tribunales si finalmente se ejecutan. Las tres autonomías están gestionadas en materia de Infancia por Vox y consideran que estos menores deben ser devueltos a Marruecos cuando la legislación lo permita.
Los responsables autonómicos han comunicado además que no participarán en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para este jueves 27 de agosto.
Los consejeros de Infancia de las tres comunidades, Carlos Pollán en Castilla y León, Óscar Fernández en Extremadura y Alejandro Nolasco en Aragón, han enviado cartas a la ministra Sira Rego para reiterar su rechazo al sistema planteado por el Gobierno.
Su argumento principal es que no aceptarán un traslado automático de menores y reclaman que se analice individualmente cada situación. También defienden que el Gobierno debe priorizar los procedimientos de retorno cuando sean legalmente posibles.
El Ejecutivo central mantiene su intención de descongestionar el sistema de protección de Ceuta ante la elevada presión asistencial que soporta la ciudad. Entre las medidas planteadas se encuentra el traslado a la Península de 500 niñas, consideradas especialmente vulnerables.
La situación en Ceuta continúa siendo especialmente complicada. Cerca de 300 niñas permanecen todavía en instalaciones provisionales mientras se completa su incorporación al sistema oficial de acogida. El objetivo es que alrededor de 700 menores puedan quedar finalmente dentro de la red de protección.
La Conferencia Sectorial debía abordar, además, una transferencia extraordinaria de 25 millones de euros destinada a reforzar la atención a los menores migrantes en Ceuta. Las tres comunidades han anunciado su rechazo a participar en el acuerdo.
La ministra Sira Rego ha criticado duramente la decisión y ha acusado a los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón de abandonar a Ceuta en un momento especialmente delicado.
El enfrentamiento político se produce en un momento de fuerte tensión por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno sostiene que existe un marco legal que obliga a las comunidades a colaborar cuando se supera la capacidad de acogida y defiende la necesidad de repartir la presión entre distintos territorios.
Las comunidades gobernadas por PP y Vox, por su parte, cuestionan tanto el procedimiento como la capacidad de sus sistemas de protección de menores para asumir nuevos ingresos.
La situación presenta además una particularidad en Extremadura. A pesar de la oposición expresada actualmente por su vicepresidente de Vox, la comunidad ya recibió a cuatro menores procedentes de Ceuta en las últimas semanas. Aquellos traslados fueron autorizados dentro del marco legal vigente.
El episodio evidencia la complejidad del conflicto entre las decisiones administrativas, las competencias autonómicas y las obligaciones establecidas por la legislación española.
Mientras continúa la disputa política, las autoridades de Ceuta siguen trabajando para ampliar la capacidad de acogida. La ciudad ha tenido que recurrir a instalaciones provisionales y a la colaboración de organizaciones sociales y asociaciones vecinales para atender a los menores que todavía esperan una plaza estable.
La emergencia ha obligado al Gobierno a habilitar nuevos espacios y aprobar recursos extraordinarios, mientras se estudian fórmulas para trasladar a los menores a la Península respetando el interés superior de cada niño.
La negativa de Castilla y León, Extremadura y Aragón abre ahora una nueva batalla política y judicial. Las tres comunidades han dejado claro que impugnarán los expedientes de traslado que no terminen con el retorno de los menores a Marruecos, mientras el Gobierno insiste en que las autonomías deben colaborar en la protección de los menores.
El conflicto seguirá previsiblemente en los tribunales y en las instituciones mientras Ceuta intenta reducir la presión sobre su sistema de acogida y las distintas administraciones buscan una salida a una crisis que ya se ha convertido en uno de los principales focos del debate migratorio en España.
@rtvenoticias🔶 En Ceuta sigue el desafío social y humanitario tras la crisis desatada por la llegada masiva de personas migrantes. Empezando por los menores: unos 1.000 están solos en una ciudad con capacidad para acoger a 29. El gobierno ha anunciado que moviliza 25 millones para ello y apela al cumplimiento de la ley, que obliga a acogerlos. Se prevé un mecanismo de reparto entre comunidades con menor presión migratoria. Sin embargo, hasta cinco gobiernos del PP y del PP con Vox han dicho ya que no lo harán. #crisismigratoria #ceuta #menores #marruecos #españa #noticias #news♬ sonido original – RTVE Noticias
Escrito por Veronica Gómez
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