Intentan vender la vivienda de un profesor de la UMA tras una sorprendente presunta suplantación de identidad.

Intentan vender la vivienda de un profesor de la UMA tras una presunta suplantación de identidad.

Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Málaga (UMA), vive una auténtica pesadilla después de descubrir que su vivienda, en la que reside desde hace más de veinte años, está vinculada a una operación inmobiliaria que asegura no haber autorizado. El docente denuncia una presunta suplantación de identidad y teme perder su casa a raíz de unos documentos que, según sostiene, nunca firmó.

El caso salió a la luz después de que recibiera varias comunicaciones en las que dos personas afirmaban disponer de una opción de compra sobre su inmueble. La operación, valorada en 210.000 euros, figura vinculada a su vivienda en el Registro de la Propiedad, pese a que el profesor niega haber dado su consentimiento para venderla.

Una operación inmobiliaria que asegura desconocer.

Los primeros avisos llegaron en febrero de 2026, cuando Francisco recibió un burofax en el que se le comunicaba la intención de ejecutar una opción de compra sobre su casa. Semanas después recibió una segunda comunicación que insistía en la operación.

En un primer momento, el docente pensó que podía tratarse de un error. Sin embargo, la llegada de una notificación notarial, que lo citaba para formalizar la compraventa, aumentó su preocupación. Según su relato, los documentos contemplaban la posibilidad de continuar con el procedimiento aunque no compareciera en la fecha señalada.

El profesor asegura que no conoce a los supuestos compradores, que no acudió a la notaría donde se habría formalizado el acuerdo y que tampoco recibió el dinero que aquellos afirman haber entregado. Por ello, acudió a las autoridades para denunciar los hechos y buscar una solución judicial.

El posible origen: unos documentos entregados para alquilar una vivienda.

Francisco sospecha que sus datos personales pudieron quedar expuestos en 2025, cuando su hijo buscaba un piso de alquiler en Madrid. Durante esa búsqueda, contactó con una persona que se presentó como propietario de una vivienda y que solicitó documentación para que Francisco actuara como avalista.

Entre los documentos facilitados figuraban una copia del DNI, una nómina y la declaración de la renta. Después de recibir esa información, el supuesto arrendador desapareció y dejó de responder a los mensajes. El profesor cree que esos datos pudieron utilizarse posteriormente para preparar la operación inmobiliaria que ahora denuncia. No obstante, el posible vínculo entre ambos episodios deberá esclarecerse durante la investigación.

Una prueba que podría resultar clave.

Uno de los aspectos que el docente considera más relevantes es que la documentación sitúa la supuesta firma del acuerdo en una notaría de Barcelona, mientras que él afirma que ese día se encontraba impartiendo clases en la Universidad de Málaga.

Para respaldar su versión, ha aportado documentación de la Facultad de Filosofía y Letras que acredita su actividad docente en esa fecha. Este elemento podría ayudar a esclarecer lo sucedido y a determinar quién intervino realmente en la operación.

Mientras tanto, su abogado trabaja para conseguir que la Justicia adopte medidas cautelares que impidan que la compraventa siga adelante y protejan los derechos del propietario.

El notario se niega a formalizar la venta.

La evolución más reciente del caso ha supuesto un pequeño alivio para Francisco. Según informaciones publicadas el 17 de octubre, el notario de Málaga ante el que estaba previsto formalizar la operación el próximo 21 de octubre comunicó al profesor y a su abogado que no firmaría la escritura tras conocer la denuncia y revisar la documentación presentada.

Sin embargo, esta decisión no resuelve por sí sola el conflicto. La opción de compra continúa siendo motivo de preocupación mientras se intenta obtener una resolución judicial que permita frenar sus efectos registrales.

El caso pone de manifiesto los riesgos asociados al uso fraudulento de documentos personales y la importancia de verificar la identidad de quienes solicitan información sensible en operaciones de alquiler. La investigación deberá determinar cómo se produjo la presunta suplantación y quiénes son los responsables.

 

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