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El sector del taxi en Madrid ha convocado una jornada de huelga para mostrar su rechazo a la concesión de 8.500 nuevas autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), principalmente destinadas a la plataforma Cabify.
Los profesionales del taxi consideran que esta medida amenaza su estabilidad laboral y supone una desregulación del sector. La protesta, que ha paralizado parcialmente el servicio en la capital, busca presionar a las autoridades autonómicas para que reconsideren la entrega masiva de estas licencias.
Desde las asociaciones del taxi denuncian que estas nuevas autorizaciones suponen un “trato de favor” hacia las empresas de VTC y rompen el equilibrio entre ambos modelos de transporte urbano.
Más de 4.000 taxistas se han movilizado este miércoles en Madrid para expresar su firme oposición a la autorización de 8.500 nuevas licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), en su mayoría vinculadas a la empresa Cabify.
La manifestación ha sido organizada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), con el respaldo de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi). La protesta forma parte de un largo proceso judicial que lleva años en curso, en el que los representantes del sector reclaman a las administraciones públicas una regulación “real y equitativa” entre los taxis tradicionales y los VTC.
Durante la concentración, los manifestantes han entregado un documento con sus principales reivindicaciones. Entre ellas, destaca la exigencia de frenar la entrega masiva de nuevas licencias VTC y garantizar un equilibrio justo entre ambas modalidades de transporte urbano.
Según datos del Ministerio de Transportes publicados en mayo, actualmente existen 8.873 autorizaciones VTC frente a 15.931 licencias de taxi en la Comunidad de Madrid. Con las nuevas concesiones a Cabify, el número de licencias VTC casi se duplicaría, superando incluso a las del sector del taxi.
En declaraciones a los medios, el presidente de la FPTM, Julio Sanz, ha calificado esta situación como “una auténtica barbaridad” y advierte de sus consecuencias: “Esto puede llevar a la ruina al sector y poner en peligro el sustento de más de 100.000 familias”. Sanz también alertó de que esta medida podría implicar el “secuestro de la movilidad” en la ciudad y un aumento de la inseguridad en el transporte urbano.
La problemática que enfrenta el taxi no se limita solo a Madrid. Julio Sanz, presidente de Antaxi y de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), ha señalado que esta situación afecta a todo el país. En este contexto, ha anunciado “un calendario de movilizaciones muy intenso en los principales puntos de transporte durante este verano”, con el propósito de generar colapsos como medida de presión.
Sanz ha descrito el caso de Madrid como “el laboratorio, el banco de pruebas a nivel estatal”, advirtiendo que en diversas comunidades autónomas ya se han solicitado miles de nuevas licencias VTC. Según su visión, el objetivo final de estas concesiones masivas es desmantelar el modelo tradicional del taxi. Una vez eliminada la competencia, denuncia, las plataformas como Cabify impondrán sus propias condiciones, lo que considera parte de una “estrategia especulativa”.
Por su parte, Emilio Mosquera Rodríguez, presidente de la Unión de Taxistas Gallegos (UTAGA), ha señalado que el 20% de las nuevas licencias otorgadas a Cabify están habilitadas para operar fuera de Madrid, afectando a provincias de todo el territorio nacional.
Mosquera ha adelantado que las siguientes fases de la protesta incluirán manifestaciones de carácter autonómico. El plan contempla paralizar puntos estratégicos como puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias para visibilizar el rechazo del sector a esta política de expansión de VTCs.
Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), ha denunciado que el sector del taxi sufre un maltrato sistemático por parte de los responsables políticos, sin importar su ideología. Ha afirmado que los profesionales están dispuestos a llegar “hasta las últimas consecuencias” para defender su empleo. “Lo único que pedimos es poder trabajar dignamente”, ha manifestado, subrayando el agotamiento del gremio ante la continua necesidad de movilizarse para proteger sus derechos laborales.
Sanz ha solicitado al Ejecutivo central y a la administración regional medidas inmediatas para garantizar la sostenibilidad del taxi. En concreto, ha pedido al Ministerio de Transportes que impulse una reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y a la Comunidad de Madrid que actualice el régimen sancionador y refuerce la regulación de los servicios VTC.
Las 8.500 nuevas autorizaciones que han generado esta ola de protestas forman parte de un conjunto de 25.000 licencias VTC solicitadas en los tribunales desde abril de 2018. Estas concesiones cuentan con una moratoria de cuatro años que les impide operar en servicios urbanos, un plazo que expira el próximo 17 de junio, según fuentes del Gobierno regional. Desde Cabify han señalado que “estas 8.500 licencias han sido otorgadas por vía judicial”.
El presidente de la Federación ha anunciado que este mismo miércoles han entregado en la Fiscalía de Madrid un expediente extenso con supuestas pruebas de irregularidades documentales cometidas por Cabify. Acusan a la empresa de haber incurrido en “maniobras opacas” durante el proceso de solicitud de licencias, algo que deberá investigar la justicia.
Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, ha declarado que han verificado que la documentación entregada para solicitar las licencias VTC es válida formalmente, pero que los vehículos vinculados a dicha documentación no se encontraban en poder de la empresa Cabify. Según indica, estos automóviles pertenecen a compañías de alquiler y flotas de renting, dedicadas específicamente a ese tipo de servicio, por lo que no estarían disponibles para el uso que exige la licencia.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han expresado su desacuerdo con la resolución judicial que permite conceder estas autorizaciones. Por ello, ya han interpuesto un recurso de reposición y prevén presentar un recurso de casación en la siguiente fase del proceso legal.
El consejero de Vivienda, Transportes y Movilidad, Jorge Rodrigo, ha señalado recientemente que, aunque no comparten la decisión judicial, los tribunales obligan a conceder las licencias si se cumplen los criterios establecidos en la legislación vigente.
@aragondigital 🚖Alrededor de 500 taxistas de Zaragoza han protagonizado un escrache contra la presentación de la plataforma de VTC Bolt, cuya llegada a la capital aragonesa estaba prevista para este miércoles. 🔊La protesta ha colapsado el centro de la ciudad con una multitud de vehículos tocando el claxon en la zona de Conde Aranda, lugar donde Bolt iba a realizar su acto de presentación, que finalmente no ha podido llevarse a cabo. 🚕El sector del taxi en Zaragoza cuenta con 1.777 licencias y considera la irrupción de Bolt una amenaza para sus empleos. En declaraciones a Aragón Press, Miguel Ángel Perdiguero, presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, ha defendido la protesta asegurando que “las VTC campan a sus anchas en Zaragoza” y que “Bolt no iba a ser menos”, justificando así la acción reivindicativa. 🔗 Lee la noticia completa en el link de nuestra biografía. #taxis #taxiszaragoza #protesta #bolt #revuelta #zaragoza #noticiaszaragoza #actualidazaragoza #noticiasaragon #actualidadaragon #aragon #aragondigital ♬ sonido original – Aragón Digital
Escrito por Veronica Gómez
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