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El popular portal de videojuegos online Roblox está bajo investigación judicial en España por su presunto papel en la facilitación de contactos entre pederastas y niños a través de sus chats internos.

Lo que para millones de niñas y niños es un simple espacio de ocio digital, para los depredadores sexuales puede convertirse en un terreno de caza. Esta preocupación ha llevado a la Fiscalía de Lleida a iniciar diligencias contra Roblox, donde se investigan posibles delitos de corrupción y abuso sexual de menores.
Las pesquisas apuntan a los riesgos de los chats integrados, que permiten a adultos suplantar identidades de menores para generar confianza y solicitar material íntimo o incluso organizar encuentros en la vida real.
La preocupación no es exclusiva de España. En Estados Unidos, fiscales de Luisiana, Georgia y Florida ya habían abierto casos en agosto contra Roblox, describiéndolo como un “lugar perfecto para pederastas”.
En España, el Juzgado de Instrucción nº1 de Lleida lidera la investigación tras detectarse víctimas en diferentes comunidades. Los pediatras españoles ya habían advertido antes sobre los riesgos de esta plataforma, que incluyen incitación a la autolesión, exposición a contenido sexual y alteraciones de conducta en adolescentes.
Entre las experiencias más controvertidas que se han detectado en Roblox destacan:
Además, algunos usuarios han utilizado tecnología de modificación de voz para hacerse pasar por chicas jóvenes y así engañar a menores.
La compañía asegura que trabaja en la detección y expulsión de depredadores, pero los hechos han puesto en duda la efectividad de estas medidas.
Un caso reciente fue la expulsión de Schlep, un creador de contenidos de 22 años que se presentaba como “cazador de depredadores”. Sus investigaciones ayudaron a desenmascarar a seis hombres que fueron detenidos por intentar abusar de menores en la plataforma.
Con más de 80 millones de usuarios activos en todo el mundo —un 20% de ellos menores de 9 años— y un valor estimado de 90.000 millones de euros, Roblox se enfrenta desde 2017 a denuncias por ser un entorno propicio para la captación sexual de menores.
La investigación abierta por la Fiscalía española marca un precedente clave: de la advertencia de los pediatras se pasa ahora a la acción judicial. El caso de Lleida podría sentar bases para regular y controlar los riesgos de esta plataforma en España.
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Escrito por Veronica Gómez
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