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Un juez de Madrid ha emitido una orden de detención contra la actriz Elisa Mouliaá después de que esta no acudiera a su citación judicial para declarar como investigada en la querella por calumnias interpuesta por el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón. La medida judicial, activa desde este mismo lunes, busca asegurar su presencia ante los tribunales en un caso que ha dado ya varios giros inesperados.

El magistrado Arturo Zamarriego, al frente de la instrucción, ha dictado un auto en el que decreta la presentación de Mouliaá ante el juzgado para que sea «oída en declaración en calidad de investigada». Huelga decir que el instructor ha sido categórico al aclarar que la «orden de busca y captura estará vigente durante el plazo de cinco años», si bien ha puntualizado que, una vez la actriz preste declaración, será puesta en libertad. Esta decisión judicial nace a raíz de la reiterada ausencia de Mouliaá, quien no compareció «al llamamiento judicial que se le ha efectuado pese a constar su citación en legal forma y sin alegar justa causa que se lo impida», según reza el auto.
No es baladí señalar que esta es la tercera ocasión en que Mouliaá pospone su declaración en el marco de la querella presentada por Errejón. La acción legal del político se originó después de que la actriz lo acusara públicamente, en un programa de televisión, de extorsionar a dos testigos. Estos testigos, por cierto, estaban implicados en otra causa que investiga un supuesto delito de agresión sexual, del que también se ha relacionado al expolítico. La magnitud de la acusación, en su momento, fue considerable, generando un revuelo mediático digno de mención.
El pasado viernes, a través de su cuenta en ‘X’ (anteriormente Twitter), Mouliaá explicó su imposibilidad de asistir, argumentando que se encuentra «trabajando bajo un contrato profesional internacional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano», lo que la mantiene «desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes». «No asistiré a la citación prevista», aseveró la actriz tras ser notificada de la fecha, a pesar de la advertencia judicial de que, de no acudir, podría «acordarse su detención y traslado a la sede judicial» y valorarse la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad.
En paralelo, su abogada, Yurena Carrillo, sí se personó en los juzgados madrileños con el propósito de solicitar el informe médico que el juez había requerido. Dicho informe pretendía comprobar si su representada se encontraba capacitada para declarar, ya que la actriz había justificado su segunda ausencia por una baja médica debido a un cuadro de ansiedad. «Hemos solicitado el informe médico, coincide con lo que ella dijo en la citación anterior, es confirmatorio de lo que manifestó, le dieron la razón en que tenía una situación puntual desbordante de estrés», declaró Carrillo a los medios de comunicación a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla, dando cuenta de la compleja situación personal de su defendida.
La situación, ahora con una orden de detención en vigor, pone de manifiesto la intransigencia del sistema judicial ante la incomparecencia en casos de esta envergadura. El proceso, que arrastra ya un considerable tiempo, se encamina hacia un punto de inflexión, en la medida en que la actriz deberá, a la fuerza, comparecer ante el tribunal para dilucidar las acusaciones que pesan sobre ella y que han provocado esta querella por calumnias. El desenlace, sin duda, será seguido con atención por la opinión pública y el mundo del espectáculo.
Escrito por La Metro Valencia
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