Seis detenidos en una operación de la Guardia Civil por contratos irregulares de renovables vinculados a Forestalia

Seis detenidos en una operación de la Guardia Civil por contratos irregulares de renovables vinculados a Forestalia

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en el marco de una operación contra presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos relacionados con proyectos de energías renovables. El operativo, denominado operación Perserte, incluye registros en las sedes de la empresa Forestalia en Madrid y Zaragoza.

La investigación está siendo dirigida por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), integrada en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que trata de esclarecer posibles manipulaciones en las declaraciones de impacto ambiental necesarias para autorizar parques eólicos y plantas fotovoltaicas.

Registros en Madrid y Zaragoza

Desde primera hora de este martes, los agentes han llevado a cabo doce registros, diez en la Comunidad de Madrid y dos en Zaragoza, además de inspeccionar varios domicilios de directivos vinculados al caso.

Entre los detenidos se encuentra Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica. También ha sido arrestado Fernando Samper, propietario de Forestalia, quien quedó posteriormente en libertad tras declarar ante el juez en Zaragoza.

Las diligencias continúan abiertas y los investigadores no descartan nuevas actuaciones a medida que avance la causa.

Posibles delitos investigados

Las pesquisas se centran en supuestos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según las primeras hipótesis, durante la tramitación de licencias para parques eólicos y fotovoltaicos se habrían alterado o manipulado Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) con el objetivo de facilitar la aprobación de determinados proyectos.

Los investigadores sospechan que un antiguo alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica pudo haber influido de forma irregular en la emisión de resoluciones ambientales, presuntamente a cambio de contraprestaciones económicas.

Posibles beneficios para proyectos en Aragón

La investigación apunta a que estas actuaciones podrían haber beneficiado a Forestalia en la tramitación de varios proyectos energéticos, especialmente en la provincia de Teruel, entre ellos el macroproyecto eólico del clúster del Maestrazgo, que ya había sido denunciado ante la Fiscalía de Aragón.

Para ocultar el origen del dinero, los implicados habrían utilizado sociedades interpuestas y diferentes mecanismos financieros. Incluso se investiga la posible participación de un fedatario público en la formalización de documentos relacionados con las operaciones bajo sospecha.

Impacto ambiental bajo revisión

Además de las posibles irregularidades administrativas, los investigadores analizan si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de manera adecuada los efectos sobre el entorno natural, como el impacto sobre la avifauna, los murciélagos, el paisaje o los hábitats de la zona.

Durante las inspecciones realizadas en algunas áreas donde se ubican estos parques energéticos se han encontrado aves electrocutadas y otros indicios que podrían cuestionar la viabilidad ambiental de las licencias concedidas.

Una macrooperación aún abierta

La Guardia Civil mantiene el caso bajo secreto parcial, ya que se trata de una macrooperación con posibles ramificaciones que podría implicar a una veintena de empresas del sector de las energías renovables.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 la UCO ya registró la sede de Forestalia en Zaragoza en otra investigación distinta, relacionada con presuntas conexiones con el exdirigente socialista Santos Cerdán y con Leire Díez, conocida como la supuesta “fontanera” del PSOE.

En paralelo, los investigadores también analizan una subvención cercana a 17 millones de euros concedida a la empresa Arapellet, vinculada al sector energético y con sede en Huesca.

La concesión de permisos para proyectos renovables en Aragón ha sido objeto de críticas en los últimos años por parte de partidos políticos e instituciones locales, especialmente en relación con la labor del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental.