El Gobierno aprueba la nueva ley de Inteligencia Artificial con multas de hasta 35 millones de euros.

El Gobierno aprueba la nueva ley de Inteligencia Artificial con multas de hasta 35 millones de euros.

El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica para la gobernanza y el uso responsable de la Inteligencia Artificial, una normativa con la que busca establecer un marco regulador centrado en garantizar un desarrollo tecnológico ético, seguro y alineado con los derechos fundamentales.

La medida, aprobada en Consejo de Ministros, toma como referencia el reglamento europeo sobre IA ya vigente y sitúa a España entre los países que pretenden liderar la regulación de estas tecnologías emergentes.

Desde el Ejecutivo defienden que el país ya dispone de herramientas institucionales para supervisar este ecosistema, como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, creada específicamente para monitorizar el desarrollo y aplicación de estos sistemas.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, defendió el texto asegurando que la norma pretende impulsar una visión “humanista” del desarrollo tecnológico y considera que la regulación resulta imprescindible al afectar directamente a derechos fundamentales.

Multas millonarias para usos prohibidos de la IA

Uno de los puntos centrales del proyecto es el régimen sancionador. La ley contempla multas de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen global de negocio para las infracciones consideradas muy graves.

Las sanciones más elevadas estarán dirigidas especialmente a sistemas prohibidos, como aquellos destinados a crear contenido falso sexualizado mediante técnicas conocidas como deepfakes, sistemas que exploten vulnerabilidades de menores o personas con discapacidad, o tecnologías destinadas a clasificar personas mediante criterios biométricos sensibles.

También se persigue el uso de herramientas manipulativas basadas en técnicas subliminales. Como ejemplo, el Ministerio menciona sistemas conversacionales capaces de detectar personas vulnerables para inducir comportamientos perjudiciales, especialmente relacionados con apuestas o adicciones digitales.

Sistemas de alto riesgo y supervisión humana obligatoria

La normativa también distingue los denominados sistemas de alto riesgo, aquellos cuyo uso exige supervisión humana permanente.

En estos casos, las sanciones podrían alcanzar los 15 millones de euros o el 3% de la facturación global. Entre los ejemplos aparecen aplicaciones relacionadas con procesos judiciales, contratación, educación, empleo o evaluación automatizada de personas.

Para infracciones consideradas leves, las multas previstas podrían llegar a los 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio.

La futura aplicación de las sanciones tendrá en cuenta factores adicionales como la reincidencia, el grado de intencionalidad o el impacto generado.

Cómo afectará la ley a la administración pública

Uno de los aspectos más debatidos durante la elaboración del proyecto ha sido el papel de las administraciones públicas.

Diversas asociaciones criticaron que las instituciones públicas no quedaran sometidas al mismo régimen sancionador económico que las empresas privadas. Sin embargo, el texto final incorpora mecanismos adicionales de control, incluyendo inventarios obligatorios sobre sistemas utilizados por organismos públicos y la creación de nuevos responsables especializados en IA.

Además, la supervisión dependerá del ámbito concreto de aplicación. Organismos como la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial o la propia AESIA asumirán distintas competencias según el sector afectado.

Con esta normativa, España busca adelantarse a los desafíos regulatorios derivados del crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial, en un debate que combina innovación, protección ciudadana y derechos digitales.

 

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