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Victoria histórica contra Frontex. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado por primera vez la razón a un refugiado que denunció a la agencia europea de control de fronteras por una devolución en caliente. El fallo reconoce la validez de la denuncia presentada por el ciudadano sirio Alaa Hamoudi, expulsado de Grecia en 2020 pocas horas después de llegar al país.

La sentencia, dictada este 18 de diciembre, Día Internacional de los Migrantes, desestima una apelación presentada por Frontex y abre la puerta a un cambio de criterio judicial en los casos de expulsiones colectivas en las fronteras exteriores de la UE.
Según recoge el fallo, el relato de Hamoudi y un artículo periodístico que documenta la operación de expulsión son “suficientemente detallados, específicos y coherentes” como para constituir pruebas prima facie de los hechos denunciados.
La ONG front-LEX, responsable de la defensa legal, subraya que esta valoración es clave debido al desequilibrio probatorio entre Frontex y las personas migrantes, que suelen carecer de medios para aportar pruebas directas.
Para sus abogados, la sentencia supone el principio del fin de la “impunidad jurídica de facto” de la que, aseguran, ha gozado la agencia europea durante más de dos décadas.
El tribunal establece que, en este tipo de casos, deben aplicarse normas especiales en materia de pruebas, adaptadas a la situación de vulnerabilidad de las víctimas. A partir de ahora, no será imprescindible una prueba directa: bastará con una versión consistente, creíble y detallada de los hechos.
Esto obliga a Frontex a despejar las dudas cuando existan indicios sólidos de una devolución ilegal, algo que marca un precedente relevante para futuras demandas ante la justicia europea.
Hamoudi llegó a la isla griega de Samos el 28 de abril de 2020 huyendo de la guerra en Siria con la intención de solicitar asilo. Sin embargo, ese mismo día fue interceptado por la policía griega y expulsado al mar en una devolución en caliente.
Durante casi 24 horas quedó a la deriva, en lo que él mismo describió como un “bote de la muerte”, hasta que fue rescatado por la Guardia Costera turca y trasladado a Turquía, donde fue encarcelado durante dos semanas y privado de su documentación.
Tras meses en condiciones precarias, logró finalmente solicitar asilo en Alemania, país en el que reside actualmente.
En su denuncia, Hamoudi aportó fotografías, vídeos y reportes periodísticos que situaban un avión de vigilancia de Frontex sobrevolando la zona en el momento de la expulsión. Informes de medios como Bellingcat y Der Spiegel, así como un documento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), apuntaron a una práctica sistemática de devoluciones ilegales en el mar Egeo.
En una audiencia celebrada en febrero de 2025, el abogado de Frontex reconoció por primera vez que la devolución tuvo lugar, aunque evitó confirmar la presencia de medios de vigilancia de la agencia.
El TJUE ha ordenado devolver el procedimiento al Tribunal General de la UE, que deberá emitir una nueva resolución respetando el derecho de las víctimas a una protección judicial efectiva.
Para Hamoudi, el fallo es “un paso importante para quienes no han podido defenderse”. Aunque reconoce el carácter personal del caso, insiste en que la sentencia tiene un alcance mucho mayor:
“Muchas personas siguen siendo privadas de sus derechos cada día en las fronteras de Europa”.
Escrito por Veronica Gómez
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