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El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha vuelto a expresar su preocupación por la situación de las personas detenidas y privadas de libertad en España. Aunque reconoce algunos avances desde su anterior evaluación, el informe correspondiente a la visita realizada en 2025 advierte de presuntos malos tratos y de deficiencias que aún requieren solución.
El documento destaca una mejora en centros penitenciarios como Madrid VII y Sevilla II, pero señala que las prisiones de Algeciras, Huelva y Puerto III continúan generando preocupación. Según recoge el informe, algunos internos denunciaron haber sufrido agresiones físicas, como bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras, especialmente en zonas sin cámaras de videovigilancia.
El CPT también cuestiona la forma en que se realizan algunos reconocimientos médicos tras estos incidentes. El organismo asegura que varios presos afirmaron haber sido examinados a través de los barrotes y en presencia de funcionarios, una situación que, según el comité, compromete la privacidad del paciente y dificulta que pueda relatar con libertad lo ocurrido.
Otra de las principales preocupaciones del informe es la atención sanitaria en las cárceles españolas. El comité alerta sobre la falta de médicos, una situación que provoca retrasos en la asistencia y complica el seguimiento de enfermedades físicas y problemas de salud mental. Además, insiste en la necesidad de avanzar en la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.
En relación con los centros policiales, el organismo indica que la mayoría de las denuncias por presuntos malos tratos se producen durante la detención o el traslado a dependencias policiales. Por ello, recomienda reforzar la política de tolerancia cero frente a cualquier abuso, mejorar la formación de los agentes, garantizar investigaciones eficaces y asegurar que todas las personas detenidas reciban información clara sobre sus derechos en un idioma que comprendan.
El informe dedica además un apartado al centro de menores Vicente Marcelo Nessi, en Badajoz. Aunque reconoce el trabajo educativo desarrollado en estas instalaciones, muestra preocupación por algunos casos de uso excesivo de la fuerza y recomienda eliminar el aislamiento disciplinario para menores de 18 años, apostando por medidas alternativas.
El Gobierno español ha respondido al informe aceptando buena parte de las recomendaciones y destacando las mejoras realizadas en los últimos años. También defiende que muchas de las garantías solicitadas ya forman parte de la legislación vigente, subraya la formación en derechos humanos impartida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asegura que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier caso de malos tratos. Asimismo, afirma haber reforzado los recursos destinados a la salud mental, la formación del personal penitenciario y la modernización de las prisiones.
Escrito por Veronica Gómez
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