Pozuelo ordena clausurar el centro de migrantes impulsado por Sánchez por carecer de la licencia adecuada.

Pozuelo ordena clausurar el centro de migrantes impulsado por Sánchez por carecer de la licencia adecuada.

En el centro CREADE de Pozuelo de Alarcón residen migrantes y solicitantes de asilo desde que comenzó la guerra en Ucrania, aunque originalmente fue concebido como una instalación para formar empleados públicos.

Más información: De escuela para funcionarios a plató de cine: los centros de acogida de migrantes del Gobierno en Madrid.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el Partido Popular (PP), ha decidido exigir el cierre inmediato del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) que opera en su municipio.

La instalación, reabierta para acoger a refugiados ucranianos tras el estallido del conflicto bélico, vuelve a estar en el foco mediático después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara la reubicación de 400 menores migrantes solicitantes de protección internacional en ese espacio.

La alcaldesa, Paloma Tejero, ya se había mostrado contraria a esta medida, alegando que el edificio no reúne las condiciones necesarias para albergar a menores. Ahora, ha ido más allá: el consistorio ha ordenado la paralización cautelar de su actividad tras constatar, durante una inspección, que carece de la licencia que autoriza su uso actual.

Este centro, que fue proyectado para la formación de personal público, cuenta con un permiso urbanístico otorgado en 2013 que no contempla el uso residencial. Sin embargo, en la práctica está siendo utilizado para hospedar a migrantes procedentes de Ucrania y, más recientemente, del repunte migratorio en Canarias.

Además, la normativa urbanística de la parcela establece un uso principalmente terciario y comercial, lo que impide su explotación con fines residenciales, como se está haciendo bajo la gestión estatal.

La situación queda ahora en manos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Este miércoles, el Ayuntamiento notificó formalmente tanto a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) —propietaria del inmueble— como a la entidad gestora del centro, que no cuentan con la licencia obligatoria para ejercer dicha actividad. Aunque disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones, el cese debe aplicarse de forma inmediata.

Desde el Consistorio dan por hecho que el cierre se ejecutará este mismo jueves. Aun así, recuerdan que, desde el punto de vista administrativo, la actividad del centro es ilegal y corresponde al Ejecutivo decidir los siguientes pasos.

Cabe destacar que este complejo, situado en el Paseo de la Casa de Campo de Pozuelo de Alarcón, fue construido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2001 con el objetivo de convertirse en un centro estable de formación para funcionarios. No obstante, su desarrollo fue lento: se tardaron doce años en completar las obras, con un coste de 86 millones de euros para el erario público.

Aunque entró en funcionamiento en 2013, el centro cesó su actividad en menos de seis años. Según el Tribunal de Cuentas, su nivel de ocupación y rentabilidad era «reducido»: apenas se impartían unos 65 cursos anuales, con una asistencia total de 1.700 alumnos.

El complejo, que salió a licitación sin éxito, cuenta con una superficie de 24.773 metros cuadrados distribuidos en tres edificaciones: una destinada a oficinas, otra a aulas y áreas de estudio, y una tercera como zona residencial.

Esta última dispone de una licencia para operar como «hotel», lo cual, según el actual equipo de Gobierno local, no justifica su utilización como centro de acogida de migrantes.

 

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