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En toda Europa, millones de personas están quedándose sin un techo digno, y España se ha convertido en epicentro de esta problemática. Desde Barcelona, la periodista Valérie Gauriat de Euronews informa sobre cómo los alquileres desorbitados y la especulación inmobiliaria empujan a los vecinos al límite.
Desde 2010, el valor de la vivienda en la Unión Europea se ha incrementado más de un 50% de media, mientras que los precios del alquiler han subido un 26%. En el caso español, el golpe ha sido mucho más severo: las rentas se han encarecido hasta un 80% en la última década.
Las causas combinan varios factores: escasez de oferta residencial, elevados costes de edificación, proliferación de alquileres turísticos y la especulación por parte de capital extranjero.
“Barcelona está saturada de turistas y los alquileres alcanzan cifras inasumibles”, denuncia Rosario Castelló, vecina veterana y miembro del Sindicat de Llogateres.
Rosario afronta un proceso de desahucio desde que Vandor Group, filial del fondo británico Patron Capital, compró su bloque.
“Vivo aquí desde hace 26 años. Crié a mis hijos en este piso y aquí gestiono mi marca de ropa Pinku No Kuma junto a mi hija”, explica mientras muestra sus diseños.
La suya es la última vivienda con inquilinos antiguos. El resto del edificio ya ha sido transformado en pisos compartidos destinados a extranjeros con contratos temporales.
“Los fondos buitre adquieren edificios completos para especular. Nos están expulsando a todos”, lamenta.
Pese a que su contrato expiró, sigue pagando el alquiler y se mantiene en una batalla legal para evitar abandonar su hogar. La indemnización que le ofrecieron para marcharse era insuficiente: los precios actuales son inaccesibles y no tiene alternativa habitacional.
En distintos barrios de Barcelona, vecinos como Rosario se organizan con el respaldo del Sindicat de Llogateres para frenar desahucios y presionar a las administraciones públicas.
“Existe una total indefensión del derecho a una vivienda digna”, afirma Martina Ges Torra, integrante del colectivo. “Vamos a defender este derecho de forma conjunta”.
El Ejecutivo español ha anunciado iniciativas para contener la crisis: eliminar 65.000 anuncios de Airbnb, aumentar la fiscalidad a compradores extracomunitarios y establecer topes de alquiler.
“Hemos empezado a regular las subidas de precios y ya vemos una bajada del 8% en Barcelona”, asegura Jaume Collboni, alcalde de la ciudad.
Entre las medidas más ambiciosas destaca la eliminación total de apartamentos Airbnb para 2028, con el objetivo de recuperar 10.000 viviendas para uso residencial. Además, en Cataluña los alquileres de corta duración estarán sujetos a los mismos límites que los de larga estancia, lo que reducirá notablemente la rentabilidad de los grandes fondos.
Collboni lidera la alianza Mayors for Housing, formada por 15 grandes urbes europeas que han presentado a la Comisión Europea un Plan de Acción para fomentar la vivienda asequible y excluir su inversión de las restricciones sobre ayudas estatales.
“Bruselas debe actuar. Si los ciudadanos perciben que las instituciones no afrontan un problema tan grave, se puede generar una crisis de legitimidad”, advierte el alcalde. “No es solo un desafío social: está en juego el futuro del proyecto europeo y la estabilidad democrática”.
Escrito por Veronica Gómez
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