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Hospital de Ceuta remite a la Justicia al menos 20 partes de lesiones de migrantes histórico, presuntamente causadas por militares.
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Hospital de Ceuta remite a la Justicia al menos 20 partes de lesiones de migrantes presuntamente causadas por militares.
El Hospital Universitario de Ceuta ha remitido al juzgado de guardia al menos una veintena de partes médicos de migrantes que aseguran haber sufrido agresiones por parte de militares desplegados en la ciudad autónoma. La documentación recoge las lesiones diagnosticadas y los relatos de los pacientes, y podría resultar determinante para avanzar en la investigación judicial sobre los presuntos malos tratos.
La información, difundida el lunes 19 de octubre, fue confirmada por fuentes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo responsable de la atención sanitaria pública en Ceuta y Melilla. Desde la entidad explicaron que la remisión de estos informes responde al procedimiento habitual cuando una persona acude a urgencias y manifiesta que sus lesiones han sido consecuencia de una agresión.
Los informes médicos pueden ayudar a identificar a los responsables.
Los partes incluyen información sobre la identidad de los pacientes, los diagnósticos y las declaraciones en las que atribuyen sus heridas a miembros de las Fuerzas Armadas. Entre los casos recogidos figuran el de un hombre de 30 años atendido por politraumatismos y lesiones compatibles con golpes de objetos alargados, así como el de un menor de 17 años que presentaba una herida en la espalda descrita como compatible con un gol
La documentación podría permitir a los investigadores cruzar las fechas, las horas y los lugares señalados por las víctimas con los servicios de vigilancia realizados por las patrullas militares. De esta manera, la Justicia tendría más elementos para esclarecer lo sucedido y determinar si existen responsabilidades penales.
Hasta ahora, una de las principales dificultades había sido la identificación de las personas afectadas y la obtención de pruebas que permitieran contrastar sus testimonios.
Las denuncias se producen tras la entrada masiva de migrantes en julio.
Los hechos investigados se sitúan en el contexto de la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio de 2026, cuando decenas de miles de personas entraron en la ciudad desde Marruecos. Tras aquella llegada masiva, se desplegaron efectivos militares para realizar labores de vigilancia en distintos puntos del territorio.
Desde entonces, diversas organizaciones han recibido testimonios sobre presuntas agresiones, golpes y humillaciones a migrantes. Amnistía Internacional documentó 22 testimonios directos en un informe sobre posibles malos tratos y torturas atribuidos a miembros de la Legión y del Tercio de Regulares.
Defensa entrega grabaciones y abre una investigación interna.
El Ministerio de Defensa también ha remitido a la Justicia unas grabaciones de audio en las que presuntos militares destinados en Ceuta se jactarían de golpear a migrantes. Los fragmentos, difundidos inicialmente por elDiario.es, recogerían conversaciones mantenidas durante turnos de vigilancia en septiembre.
El departamento dirigido por Margarita Robles ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos, mientras las autoridades judiciales analizan las pruebas disponibles. Las grabaciones y los partes médicos podrían ayudar a contrastar los testimonios y determinar si las agresiones denunciadas se produjeron y quiénes habrían participado en ellas.
La investigación deberá determinar qué ocurrió.
La remisión de los informes médicos supone un nuevo elemento para esclarecer las denuncias, pero no constituye por sí misma una prueba definitiva de la autoría de las lesiones. Corresponderá a los investigadores y a los tribunales valorar los documentos, escuchar a las personas afectadas y contrastar las versiones de los hechos.
El caso vuelve a situar en el centro del debate la protección de los derechos humanos durante las operaciones de control migratorio. La investigación deberá determinar las posibles responsabilidades individuales y garantizar que cualquier denuncia de malos tratos sea examinada con rigor, independientemente de la situación administrativa de las personas afectadas.
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