Rosario de 75 años y con un 38 % de discapacidad, teme ser desahuciada de su vivienda en Sevilla.

Rosario de 75 años y con un 38 % de discapacidad, teme ser desahuciada de su vivienda en Sevilla.

Rosario tiene 75 años, es viuda, tiene reconocido un 38 % de discapacidad y vive con la angustia de perder la vivienda en la que ha pasado más de cuatro décadas de su vida. Residente en el casco antiguo de Sevilla, esta mujer se enfrenta a la posibilidad de quedarse sin hogar mientras intenta encontrar una solución que le permita continuar viviendo en su casa con unos ingresos muy limitados.

La situación de Rosario refleja las dificultades que afrontan muchas personas mayores en España cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y habitacional. En su caso, el temor a ser desahuciada no solo amenaza su estabilidad, sino que también está condicionando sus decisiones personales y su salud.

Una vivienda que compró hace más de 40 años.

Hace aproximadamente 44 años, Rosario y su marido compraron la vivienda en la que ella continúa residiendo. Durante décadas, ese piso del centro histórico de Sevilla ha sido su hogar, el lugar donde ha desarrollado su vida y donde esperaba poder envejecer con tranquilidad.

Sin embargo, los problemas económicos de la familia terminaron desencadenando una situación que hoy amenaza con dejarla en la calle.

La familia solicitó en su momento una hipoteca para financiar un negocio familiar. Como el hijo de Rosario tenía más posibilidades de conseguir una mayor cantidad de dinero, el préstamo se formalizó a su nombre y la vivienda pasó a formar parte de su patrimonio junto al de su esposa.

El negocio terminó fracasando y las dificultades económicas impidieron hacer frente a los pagos. Finalmente, el inmueble acabó en manos del banco, que lo sacó a subasta.

Para que Rosario y su marido pudieran continuar viviendo en la casa, su hijo y su nuera firmaron en mayo de 2015 un contrato de arrendamiento. Sin embargo, después de la pandemia dejaron de abonarse las cuotas, lo que terminó agravando la situación de la vivienda.

El inmueble fue adquirido posteriormente por un nuevo propietario, que ahora puede continuar con el procedimiento para recuperar la posesión del piso.

Una notificación judicial que cambió su vida.

El miedo de Rosario comenzó a hacerse especialmente intenso hace aproximadamente dos años, cuando encontró una notificación bajo la puerta de su vivienda. En ella se le comunicaba que debía abandonar el inmueble en el plazo indicado.

La carta llegó en un momento especialmente doloroso: su marido se encontraba hospitalizado y estaba agonizando. Poco después, Rosario quedó viuda.

Desde entonces, la posibilidad de perder su hogar se ha convertido en una preocupación constante. La mujer teme que llegue el momento de abandonar la vivienda sin disponer de una alternativa a la que trasladarse.

El primer intento de desahucio, previsto para diciembre de 2025, pudo paralizarse. Sin embargo, el procedimiento continúa abierto y el segundo lanzamiento está pendiente de que el juzgado determine una nueva fecha.

Su abogado, Alberto de Lara, ha intentado encontrar una solución que permita a Rosario permanecer en el piso. La defensa ha presentado documentación para acreditar su situación de vulnerabilidad, aunque, según ha explicado el letrado, esa circunstancia no ha conseguido resolver el problema.

Una pensión de 553 euros y enormes dificultades para encontrar otra vivienda.

La situación económica de Rosario es especialmente delicada. La mujer percibe una pensión mensual de aproximadamente 553 euros, una cantidad con la que debe afrontar sus necesidades cotidianas y los gastos básicos.

Sus limitados ingresos hacen prácticamente imposible acceder a una vivienda en el mercado del alquiler, especialmente en un contexto de precios elevados.

La propia Rosario ha explicado las dificultades que atraviesa para reducir los gastos domésticos. Entre las medidas que adopta para ahorrar, se ducha con agua fría para evitar consumir gas y prescinde del aire acondicionado.

Son decisiones que muestran hasta qué punto la incertidumbre económica condiciona su vida diaria.

A su edad y con una discapacidad reconocida del 38 %, encontrar una alternativa habitacional asequible resulta todavía más complicado. Los Servicios Sociales han acreditado que su avanzada edad constituye un obstáculo importante para acceder a un alquiler en el mercado libre.

Rosario solicitó hace aproximadamente un año y medio una vivienda social al Ayuntamiento de Sevilla, después de conocer la primera orden de desahucio. Sin embargo, según la información publicada, continúa sin recibir una solución definitiva a su petición.

El miedo a quedarse sin hogar la ha llevado a aplazar una operación de cadera.

La amenaza de perder su vivienda también está afectando a la salud de Rosario.

La mujer lleva más de un año aplazando una operación de cadera porque teme que, después de pasar por el hospital, no pueda regresar a su casa para recuperarse.

La incertidumbre sobre su futuro le impide afrontar con tranquilidad una intervención que necesita. Para ella, operarse sin tener garantizado un lugar donde vivir después de recibir el alta supone añadir otra preocupación a una situación que ya resulta difícil de soportar.

El caso evidencia cómo la inseguridad residencial puede repercutir en la salud física y emocional de las personas mayores, especialmente cuando carecen de recursos económicos suficientes y de una alternativa habitacional.

Una petición al nuevo propietario para poder continuar en su casa.

Ante la posibilidad de quedarse en la calle, Rosario pide al actual propietario que acepte negociar un alquiler que pueda pagar con sus ingresos.

Su intención no es otra que permanecer en la vivienda en la que ha vivido durante más de 40 años y continuar en el barrio donde ha desarrollado gran parte de su vida.

Tanto ella como su abogado consideran que una negociación podría abrir la puerta a una solución que evitara el desalojo. Según la información publicada, el nuevo propietario no parece dispuesto, por el momento, a alcanzar un acuerdo.

El letrado sostiene que el inmueble fue adquirido sin que el comprador llegara a visitarlo y plantea la posibilidad de que su intención sea destinarlo a una actividad turística, aunque esa finalidad no consta como un hecho confirmado.

Mientras tanto, Rosario continúa esperando una respuesta que le permita saber qué será de su futuro.

La historia de Rosario vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad residencial.

El caso de esta mujer sevillana se conoce en un momento de creciente preocupación social por las dificultades para acceder a una vivienda y por la situación de las personas mayores con ingresos reducidos.

La historia también recuerda la importancia de que las administraciones públicas encuentren respuestas para quienes, por su edad, discapacidad o situación económica, tienen especiales dificultades para acceder a una alternativa habitacional.

Rosario no solo teme perder un inmueble. Teme quedarse sin el lugar que ha considerado su hogar durante más de cuatro décadas, sin saber dónde podrá vivir ni cómo afrontar una nueva etapa de su vida.

A sus 75 años, después de enviudar y con una pensión de poco más de 550 euros mensuales, su petición es concreta: poder negociar un alquiler que esté a su alcance y evitar quedarse en la calle.

Por ahora, la incertidumbre continúa. Rosario permanece pendiente de la evolución del procedimiento judicial y de una posible solución que le permita conservar su vivienda y afrontar su futuro con mayor tranquilidad.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Cadena SER (@la_ser)