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La Puerta del Sol amaneció este domingo convertida en un campamento de lona y reivindicación. Decenas de tiendas de campaña pueblan la plaza madrileña a apenas 48 horas de que el Consejo de Ministros aborde el nuevo decreto de vivienda, recuperando estampas que no se veían desde la explosión de los indignados en 2011. La movilización, impulsada por el Sindicato de Inquilinas bajo el lema «O cae el rentismo o cae el Gobierno», plantea un pulso directo a Moncloa: la norma debe blindar la estabilidad de los alquileres mediante contratos indefinidos o renovaciones automáticas que impidan el desahucio por vencimiento de plazo.
La protesta no surge de la nada. Lleva el nombre de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio la semana pasada se ha convertido en símbolo de la emergencia habitacional. El sábado, según cifras de la Delegación del Gobierno, unas 25.000 personas recorrieron las calles de la capital exigiendo justicia para ella; al caer la noche, medio millar decidió quedarse en Sol para no soltar la presión. «Le decimos a Sánchez que esto tiene que aprobarse el martes», espetó Alicia del Río, portavoz del sindicato madrileño, frente a los micrófonos. La dirigente no se anda con rodeos: a su juicio, si el texto no incluye la indefinición de los contratos, «en este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido».

La comparación con la acampada fundacional del 15-M es inevitable, aunque los convocantes subrayan una diferencia sustancial: ahora hay objetivos nítidos y un calendario inmediato. No solo se reclama la prórroga forzosa; la plataforma exige frenar los desahucios, congelar la actualización de rentas por el IPC y reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular los contratos de temporada y por habitaciones, verdaderos coladeros de la precariedad actual. Del Río lo resume en una letanía: «Contratos indefinidos, contratos indefinidos y contratos indefinidos». La activista vincula esa seguridad jurídica con la vida cotidiana: la continuidad de los niños en sus colegios, la permanencia de las familias en sus barrios y el arraigo de las personas mayores.
La portavoz lanzó una pregunta directa al presidente del Ejecutivo: «¿Qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población?». El dato no es gratuito: casi un tercio de los hogares españoles vive de alquiler, un colectivo que sufre la volatilidad de un mercado donde los propietarios recuperan la vivienda al primer cambio de ciclo. La protesta de ayer, por cierto, confluyó a mediodía con otra manifestación por la educación pública; los organizadores argumentan que la movilidad forzada rompe la continuidad escolar y quieren extender esa protección a más centros. Por ahora, no hay fecha para levantar el campamento. Del Río avisó de que la movilización podría saltar a otras ciudades a través de la Confederación Estatal de Sindicatos de Inquilinos: «Seguiremos escalando, seguiremos desobedeciendo hasta conseguir los contratos indefinidos y los siguientes pasos que hagan falta para que no haya ninguna Maricarmen más».

La propia Abascal, en un vídeo difundido horas antes, pidió que su caso sirva para «cambiar las leyes injustas». Mientras el campamento resiste en el kilómetro cero, la pelota está en el tejado del Consejo de Ministros. El martes sabrá el país si el «decreto Maricarmen» nace con dientes o si la plaza deberá seguir plantada más noches. La estabilidad de miles de hogares pende de un decreto que, por primera vez en mucho tiempo, tiene nombre y apellidos de una abuela de 87 años.
La concentración busca presionar para que el nuevo decreto refuerce la estabilidad de los alquileres. Entre las demandas figuran contratos de duración indefinida, freno a los desahucios y la congelación de la actualización de rentas vinculada al IPC. Además, se pide regular los contratos de temporada y por habitaciones, e introducir cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los convocantes relacionan la estabilidad habitacional con la continuidad escolar de los niños, la permanencia en los barrios y el arraigo de las personas mayores. Por ahora, no hay una fecha concreta para levantar el campamento. Sin embargo, no descartan extender la protesta a otras ciudades.
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Escrito por Veronica Gómez
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