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La Policía Nacional ha detenido a once personas e investiga a otras dos por su presunta implicación en un fraude de casi 6,9 millones de euros al Servicio Murciano de Salud (SMS). La operación, que continúa abierta, investiga una trama relacionada con contratos sanitarios y facturación irregular en centros médicos concertados.

La investigación arrancó en enero de 2025 después de que auditorías internas del Servicio Murciano de Salud detectaran irregularidades en el sistema contable. La Consejería de Salud trasladó los indicios a la Fiscalía, que dio paso a las pesquisas policiales.
Según los investigadores, el entramado actuaba principalmente en intervenciones médicas derivadas a clínicas concertadas con la administración pública.
La Policía sostiene que los implicados inflaban de manera sistemática el precio de materiales y procedimientos sanitarios.
En algunos casos, los sobrecostes detectados alcanzaban hasta el 1.287% respecto al precio real de determinados productos utilizados en operaciones médicas.
Además, se habrían facturado servicios que debían prestarse gratuitamente y materiales sanitarios que nunca llegaron a utilizarse durante las intervenciones.
La investigación también apunta al uso de material sanitario no homologado o fuera del catálogo oficial del Servicio Murciano de Salud.
Entre las irregularidades detectadas figuran prótesis vasculares y diverso material fungible que habría sido facturado de forma fraudulenta.
Los agentes sospechan incluso de la utilización de productos caducados, algo que podría haber supuesto un riesgo para la salud pública.
Según la Policía Nacional, el entramado introducía datos falsos en el sistema contable del SMS para justificar compras infladas y adjudicaciones irregulares.
Las pesquisas señalan además posibles colaboraciones internas dentro del sistema sanitario, ya que algunos investigados tendrían acceso a áreas sensibles relacionadas con contratación y facturación, incluida la central de compras.
Esto habría permitido realizar adjudicaciones directas sin concurso público, vulnerando la normativa de contratación del sector público.
El daño económico estimado para las arcas públicas asciende a 6.886.738 euros.
Como parte de las medidas cautelares, la justicia ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos vinculados a los principales investigados.
La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni más implicados relacionados con el ámbito sanitario y administrativo.
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Escrito por Veronica Gómez
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