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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha instado al Gobierno español a reconsiderar el cierre de la central nuclear de Almaraz y a prolongar su actividad, como mínimo, hasta el año 2040. Además, el informe solicita estudiar futuras ampliaciones siguiendo “las mejores prácticas internacionales”.

El documento, aprobado con el respaldo de grupos conservadores y de extrema derecha, también reclama al Ejecutivo que suspenda cualquier medida destinada al cierre de centrales nucleares en España y que revise su estrategia de abandono de la energía nuclear, una política que los eurodiputados consideran motivada por criterios ideológicos.
Las recomendaciones no son obligatorias, pero reflejan la posición de los eurodiputados que visitaron las instalaciones de Almaraz el pasado mes de febrero. La delegación estuvo formada por representantes de distintos grupos de la derecha europea, acompañados por observadores españoles del PP, PSOE, Vox y otras formaciones.
El borrador inicial ya alertaba del posible impacto económico, energético y demográfico que tendría el cierre de la planta en regiones con menor desarrollo económico, como Extremadura. Posteriormente, varias enmiendas impulsadas por Vox y respaldadas por el Partido Popular endurecieron el texto e incluyeron referencias a la estabilidad del sistema eléctrico español.
El informe pide además a la Comisión Europea que analice si los planes de cierre nuclear en España cumplen con criterios de transparencia, buena gobernanza y justificación técnica, económica y social.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, aseguró que el mensaje del Parlamento Europeo es “claro y contundente” y defendió el papel de la energía nuclear como tecnología de transición dentro de Europa.
El calendario acordado en 2019 entre Gobierno, empresas y sindicatos contempla el cierre del primer reactor de Almaraz en noviembre de 2027 y del segundo en octubre de 2028. Sin embargo, las compañías propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron recientemente una prórroga hasta 2030.
La posibilidad de extender la vida útil de la central sigue generando división política y oposición de organizaciones ecologistas como Greenpeace.
Escrito por Veronica Gómez
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