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El Ejecutivo ha decidido acelerar la puesta en marcha de una nueva Autoridad Administrativa independiente encargada de investigar accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil tras el siniestro ocurrido en Adamuz. Este miércoles, el BOE ha publicado la convocatoria para seleccionar la sede del organismo, que integrará las tres comisiones actuales.

Según fuentes cercanas, la intención del Gobierno es que esta nueva entidad comience a funcionar después del verano y se ubique fuera de Madrid. De cumplirse este calendario, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) dejaría de operar en plena investigación del accidente de Adamuz, aunque el personal técnico continuaría con sus labores sobre el terreno.
Las pesquisas sobre lo ocurrido el pasado 18 de enero avanzan con mayor lentitud de la esperada. La jueza instructora lleva casi un mes tratando de encontrar peritos especializados que puedan verificar en laboratorio el estado del carril y la soldadura, elementos clave para esclarecer las causas del descarrilamiento.
Desde la CIAF apuntan cada vez con más firmeza a posibles irregularidades en la ejecución y mantenimiento de la soldadura, señalando la existencia de “fallos” y trabajos deficientes impropios de una línea de alta velocidad. No obstante, recuerdan que la determinación de responsabilidades penales corresponde exclusivamente a la autoridad judicial.
Además, la comisión ha solicitado a la Junta de Andalucía las grabaciones de las llamadas al 112 relacionadas con el accidente, al tiempo que continúa entrevistando a familiares de las víctimas para evaluar la atención recibida. También ha contactado con su homóloga en Japón para recabar información sobre sistemas automáticos de detección de roturas en los raíles.
Por su parte, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha anunciado una reunión el próximo 7 de abril con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en el inicio de una ronda de encuentros con distintas instituciones implicadas.
El calendario continuará con una videoconferencia el 8 de abril con la Agencia Europea del Ferrocarril y otra reunión el día 9 con representantes de Iryo, compañía propietaria de uno de los vagones siniestrados.
Asimismo, la asociación no descarta solicitar un nuevo encuentro con el ministro de Transportes, Óscar Puente, o miembros de su equipo.
En paralelo, el colectivo ha comunicado su intención de concentrarse el próximo 15 de abril frente al Congreso de los Diputados, con el objetivo de mantener viva la memoria del accidente y exigir justicia y transparencia en la investigación.
Escrito por Veronica Gómez
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