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La jueza señala a Costas como responsable del mantenimiento de la pasarela de Santander donde murieron seis jóvenes.
La jueza señala a Costas como responsable del mantenimiento de la pasarela de Santander donde murieron seis jóvenes.
La magistrada que investiga el trágico derrumbe de la pasarela en la zona de El Bocal, en Santander, ha concluido que la responsabilidad del mantenimiento de la estructura corresponde exclusivamente a la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Estado.
En su auto, la jueza ha decidido dirigir la acción penal contra dos funcionarios de este organismo por posibles irregularidades en la conservación de la infraestructura.
Indicios de negligencia en el mantenimiento
La instructora aprecia “serios indicios” de una actuación negligente, especialmente en las reparaciones realizadas en verano de 2024. Según los informes, los trabajos se centraron únicamente en la parte de madera, pese a que los elementos metálicos presentaban un avanzado estado de oxidación.
Esta intervención parcial podría haber sido insuficiente, lo que refuerza la hipótesis de un mantenimiento deficiente como causa del colapso.
Obras sin finalizar y sin recepción municipal
La resolución judicial también subraya que la pasarela formaba parte de un proyecto iniciado en 2012 que nunca llegó a completarse ni a ser recepcionado oficialmente por el Ayuntamiento.
Por ello, la responsabilidad de su conservación seguía recayendo en Costas, que mantenía la infraestructura abierta al público sin restricciones desde 2014.
Investigación en curso y nuevas pruebas
La jueza ha solicitado un informe pericial adicional para determinar si las actuaciones realizadas fueron adecuadas, así como para esclarecer las causas exactas del derrumbe.
Además, ha ordenado recabar pruebas sobre el estado de la pasarela antes del accidente, incluyendo fotografías y testimonios de usuarios habituales.
El papel del Ayuntamiento
Aunque la responsabilidad del mantenimiento recae en Costas, el auto recuerda que el Ayuntamiento de Santander tenía competencias en materia de seguridad en espacios públicos.
En este sentido, debía haber señalizado o restringido el acceso si el deterioro era visible y suponía un riesgo para los ciudadanos.
La alcaldesa, Gema Igual, ha asegurado que la resolución judicial respalda la postura del consistorio y ha defendido que no existían avisos previos sobre el mal estado de la pasarela.
El caso sigue bajo investigación mientras se intenta esclarecer responsabilidades en una tragedia que conmocionó a la ciudad.
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