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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó este miércoles su decisión de no elevar el gasto en defensa más allá del 2,1 % del Producto Interior Bruto. Aunque la cifra queda por debajo del objetivo del 5 % acordado en la última cumbre de la OTAN, representa el mayor presupuesto militar que ha destinado España en los últimos años. Según Sánchez, esta inversión responde de forma adecuada a las necesidades actuales de las Fuerzas Armadas.
“Fue una postura clara, sincera y honesta tanto frente a la OTAN como ante la ciudadanía española”, valoró Diego López Garrido, director de la Fundación Alternativas. “Dejó claro que no superaría el 2,1 % porque es lo que considera necesario para fortalecer las capacidades defensivas del país. Al mismo tiempo, mostró respeto hacia los líderes que optan por otras estrategias, una actitud que fue incluso respaldada en la resolución final de la Alianza”, subrayó.
La Fundación Alternativas ha publicado este jueves una ponencia basada en un informe solicitado por el Ministerio de Defensa, titulado El aumento del gasto en defensa español. En el documento se analizan diferentes escenarios, disposiciones y recomendaciones para fortalecer una industria militar nacional que arrastra años de déficit estructural.
Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, tanto en Europa como en España ha crecido la conciencia social y política sobre la necesidad de reforzar la seguridad continental. Según el barómetro del Real Instituto Elcano, publicado este mes de julio, el 57 % de los ciudadanos españoles considera necesario que Europa incremente su inversión en defensa. De ellos, un 49 % estaría dispuesto a apoyar ese aumento incluso si conlleva recortes en otras áreas como los servicios sociales.
“Durante décadas, Europa ha vivido el llamado ‘dividendo de la paz’, un largo periodo sin conflictos cercanos para las generaciones nacidas tras la Segunda Guerra Mundial”, explica Diego López Garrido, director de la Fundación Alternativas. “Ahora que existe una amenaza real, las sociedades comprenden mejor la importancia de apoyar a sus aliados”, añade. En este sentido, López Garrido aclara que “según el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el 2,1 % del PIB bastaría para cubrir las actuales necesidades de seguridad del país”.
El gasto en defensa del 2,1 % del PIB anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez cumple por fin con la meta fijada en la cumbre de Cardiff en 2014 por la OTAN. Sin embargo, como advierte Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y coautor del informe de la Fundación Alternativas, tanto el 2 % como el 5 % son “cifras simbólicas sin una justificación económica real”.
Durante la década de 2010, el gasto militar español osciló entre el 1,14 % y el 1,42 % del PIB, alcanzando un mínimo histórico del 0,6 % en 2016. Por ello, el salto al 2,1 % representa un cambio significativo. Fonfría incluso anticipa que este porcentaje podría superarse en los próximos años.
“En principio, no sería necesario aumentar los impuestos para financiar este nivel de inversión, aunque sí implicaría recurrir al endeudamiento”, señala el economista. “España se endeuda actualmente entre 3.000 y 5.000 millones de euros mensuales. La cuestión clave no es solo cuánto se pide prestado, sino cómo se hace, a qué plazo y en qué condiciones financieras”, concluye.
El nuevo presupuesto de defensa aprobado por el Gobierno de España representa un hito histórico: el 2,1 % del PIB equivale a más de 30.000 millones de euros, lo que supone un aumento de 10.000 millones respecto a ejercicios anteriores. Este incremento busca reforzar varios ejes clave:
Sin embargo, este esfuerzo inversor llega tras décadas de desinversión crónica, especialmente desde los años 90. En la última década, las desviaciones entre el presupuesto inicial y el gasto final han superado sistemáticamente el 30 %, lo que revela una preocupante falta de eficiencia.
Antonio Fonfría, economista y coautor del informe de la Fundación Alternativas, advierte que estas desviaciones presupuestarias reflejan que “algo no está funcionando”. La falta de previsión y planificación a largo plazo afecta directamente a la eficiencia de los recursos, especialmente en el ámbito logístico, una de las áreas más castigadas por los recortes.
“Los nuevos escenarios de conflicto han demostrado que la logística es una vulnerabilidad estratégica. Y, sin embargo, es precisamente ahí donde se ha recortado más a menudo”, señala Fonfría.
España también afronta un problema crítico relacionado con el capital humano de sus Fuerzas Armadas. La ratio de militares por cada 1.000 habitantes es de solo 2,4, frente a la media europea de 3,6.
“El país sufre un desafío demográfico evidente: faltan jóvenes interesados en ingresar en el Ejército”, advierte el coronel en la reserva Carlos Calvo, también coautor del informe. A esto se suma, según él, un problema de competitividad dentro de la carrera militar: “No solo hablamos de sueldos, sino del esfuerzo físico y mental que exige esta profesión”.
Calvo también sugiere revisar el modelo actual de reservismo militar como solución parcial al déficit de personal. Además, resalta la importancia de fomentar la incorporación femenina en las Fuerzas Armadas, no solo como medida de igualdad, sino como una necesidad estratégica: “Contar con el 50 % de la población es esencial para responder a los desafíos de seguridad actuales”.
El mantenimiento de los sistemas de defensa en servicio también ha sufrido recortes importantes, especialmente desde la crisis financiera de 2008. Esta reducción presupuestaria afectó directamente a la operatividad y disponibilidad de equipos clave, y provocó la retirada de plataformas emblemáticas, como el portaaviones Príncipe de Asturias, que fue dado de baja en 2013.
Las limitaciones presupuestarias también colapsaron grandes programas tecnológicos o generaron importantes retrasos, como ocurrió con el desarrollo de los submarinos S-80. Los altos pagos comprometidos con nuevas adquisiciones dejaron sin fondos suficientes otras necesidades estratégicas, como la conservación de equipos ya existentes.
“Durante los años 80 se intentaron aprobar normas para garantizar la estabilidad de la inversión en defensa, pero nunca llegaron a consolidarse”, recuerda Diego López Garrido. “Dar ese paso aportaría coherencia a nuestra política de defensa, una imagen sólida en el plano internacional y estabilidad a medio y largo plazo”, afirma.
El aumento del gasto en defensa también abre la puerta a nuevos proyectos ambiciosos. A finales de junio, la Armada española encargó a Navantia un estudio para la posible construcción de un portaaviones tipo CATOBAR. Este tipo de buque permite lanzar y recuperar aviones con catapultas y cables de detención, y marcaría un salto cualitativo en las capacidades navales del país.
La propuesta no es nueva: ya en los años 80 la Armada valoró incorporar un buque de estas características. Dada la ubicación geoestratégica de España, con 4.000 kilómetros de costa, dos archipiélagos y responsabilidad en el Mediterráneo, reforzar la flota se considera lógico. No obstante, la magnitud del proyecto plantea importantes retos económicos y logísticos.
Un portaaviones de este tipo puede desplazar entre 42.000 y 100.000 toneladas y contar con miles de tripulantes. Su construcción puede costar entre 5.000 y 13.000 millones de dólares, lo que supondría entre un 16 % y un 43 % del presupuesto total de defensa actual (30.000 millones de euros). Además, se estima que su botadura no se produciría antes de 2040.
También está el desafío de dotarlo con aviones embarcados. Actualmente, España opera los Harrier, que ya necesitan sustitución. La única opción viable a largo plazo sería adquirir los F-35B estadounidenses, una compra aún sin confirmar por parte del Ejecutivo. Esta inversión también podría condicionar otros planes navales, como la incorporación de nuevos buques de asalto anfibio LHD que complementen al Juan Carlos I, el único de su tipo en servicio actualmente.
En las últimas tres décadas, el sector industrial de defensa en España ha experimentado una notable evolución. Hoy lo conforman cerca de 600 empresas, de las cuales 400 tienen actividad directa en defensa. El 98 % son de capital privado, el 86 % tienen origen nacional y el 75 % son pequeñas y medianas empresas (PYME).
En términos de exportación, España ocupa el noveno puesto a nivel mundial y el cuarto en la Unión Europea. Sin embargo, desde 2017 las exportaciones han ido disminuyendo y, en 2023, el saldo comercial fue negativo por primera vez.
“Es posible que el renovado enfoque en el mercado interno haya restado atención a la proyección internacional, lo cual es comprensible dada la situación”, reflexiona el coronel en la reserva Carlos Calvo. “Pero, como ha señalado recientemente el Banco de España, depender en exceso del mercado nacional puede limitar el crecimiento exterior. Ambas vertientes deben complementarse para consolidar una industria fuerte y sostenible”.
Ante el reciente incremento en el presupuesto de defensa, la industria nacional española podría no estar completamente preparada para absorber todo el volumen de inversión por sí sola. La financiación destinada a investigación y desarrollo (I+D) militar ha sufrido largos periodos de desatención. Aunque en los últimos años se han recuperado algunas partidas, los niveles aún permanecen por debajo de los previos a la crisis económica.
“El sector industrial requiere estabilidad para poder satisfacer la demanda interna de manera eficiente”, enfatiza el coronel en la reserva Carlos Calvo. “Es fundamental abandonar el modelo basado en ciclos irregulares de inversión y avanzar hacia un esquema de financiación sostenida que permita un crecimiento constante y prolongado en el tiempo”, añade.
Además, la industria de defensa europea se caracteriza por una excesiva fragmentación, lo que ha facilitado la entrada y predominancia de actores extranjeros, principalmente estadounidenses, para cubrir las necesidades más inmediatas. Esta dinámica también impacta en España, cuyos principales proveedores en defensa siguen siendo Alemania y Francia.
“Lo que Europa requiere es una estrategia común de gasto en defensa, que permita una posición financiera más sólida a la hora de adquirir armamento”, explica el coronel Carlos Calvo. En esta línea, destaca la postura del presidente francés Emmanuel Macron, que aboga por construir un pilar europeo sólido en la industria de defensa, algo que actualmente no existe.
Desde la perspectiva de la Unión Europea, es imprescindible desarrollar una base real a través de la estandarización de materiales y la interoperabilidad entre fuerzas armadas, lo que facilitaría la cohesión y eficiencia del sector.
La industria española no solo necesita un aumento presupuestario constante, sino también un elemento esencial: tiempo. “Al plantear el desarrollo de capacidades defensivas, es fundamental considerar el tiempo necesario para lograrlas”, advierte Diego López Garrido. Ignorar este coste de oportunidad puede traducirse en retrasos o cancelaciones de proyectos.
Por ello, es vital implementar formas de gasto eficientes y planificadas, acompañadas de mejoras en la gestión del Ministerio de Defensa, un fortalecimiento claro de la industria nacional, una reforma profunda en el modelo de personal y un impulso decidido a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), concluye López Garrido.
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Escrito por Veronica Gómez
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