España: ¿Qué modificaciones trae el pacto para transferir facultades en inmigración a Cataluña?

España: ¿Qué modificaciones trae el pacto para transferir facultades en inmigración a Cataluña?

El acuerdo sellado entre el PSOE y Junts para ceder atribuciones en materia migratoria a Cataluña ha sido presentado este martes en el Congreso como una proposición de ley. La vigilancia en puertos, aeropuertos y “puntos estratégicos”, las repatriaciones de extranjeros y la administración de los centros de internamiento son algunos de los elementos que podrían modificarse con la iniciativa legislativa pactada entre ambas partes. No obstante, aún deberá superar un extenso trámite parlamentario y su aprobación exigirá una mayoría absoluta.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que no se trata de una cesión, sino de una delegación de competencias, amparada en el artículo 150.2 de la Constitución. “Es una propuesta que surge de la Constitución y se implementa conforme a ella”, ha declarado tras el Consejo de Ministros.

Por su parte, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha manifestado que Cataluña asumirá la gestión migratoria de manera “global”, y una vez entre en vigor, contará con “una atribución que hasta ahora solo correspondía a los Estados”.

 

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Principales modificaciones en cuatro áreas clave: extranjería, empleo, supervisión e integración.

El proyecto de ley orgánica, detallado en 13 artículos y tres disposiciones adicionales, introduce cambios significativos en distintos ámbitos.

Vigilancia en puertos, aeropuertos y zonas estratégicas.

El cuerpo policial autonómico de los Mossos d’Esquadra asumirá la supervisión de puertos, aeropuertos y otros puntos críticos en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —Guardia Civil y Policía Nacional— para tareas de control, según lo estipulado en los artículos 8 y 9 de la normativa.

La Junta de Seguridad de Cataluña, regulada en el artículo 164.4 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, actuará como el “órgano bilateral de coordinación y cooperación en competencias de inmigración” para las fuerzas de seguridad de ambas administraciones.

Refuerzo de los Mossos d’Esquadra.

Dentro del marco del acuerdo, Cataluña incrementará progresivamente la plantilla de los Mossos en 1.800 agentes, con la meta de alcanzar un total de 26.800 efectivos para el año 2032.

Este refuerzo, contemplado en la disposición adicional segunda de la ley, busca garantizar el cumplimiento de las responsabilidades transferidas y las que se puedan establecer dentro de la Junta de Seguridad liderada por la Generalitat.

Administración del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona.

Cataluña asumirá la gestión completa de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En Barcelona se encuentra uno de los más grandes del país, ubicado en la Zona Franca.

Según el artículo 7 de la normativa, la Generalitat dispondrá de plena autoridad sobre los CIE, lo que incluye dirección, supervisión, gestión y fiscalización de estos espacios, así como el traslado de internos dentro del territorio catalán.

También se delegará en Cataluña la selección del personal público para puestos de dirección y seguridad, así como la provisión de servicios de asistencia médica, social, jurídica, cultural y lingüística.

Ventanilla única para permisos de estancia y residencia.

Gracias a este acuerdo, Cataluña centralizará la gestión de la “ventanilla única” para solicitudes de permisos de estancia prolongada, residencia temporal y residencia de larga duración. La Generalitat otorgará “todos los permisos de residencia y trabajo” vigentes, según indicó la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en la presentación del pacto.

Las autorizaciones vinculadas a actividades académicas se regulan en el artículo 2 de la ley, mientras que las de residencia temporal y de larga duración están en los artículos 3 y 4. “Cataluña podrá tramitar, conceder, renovar y extinguir estos permisos”, precisó Nogueras.

Hasta ahora, la Generalitat gestionaba solo la primera fase del proceso, pero con esta normativa asumirá todo el procedimiento: inicio, tramitación y notificación de la resolución.

Número de identidad de extranjero (NIE).

La administración catalana se encargará de expedir el número de identidad de extranjero (NIE) para los residentes en Cataluña, tomando como base el Registro Nacional del NIE. Este número es un identificador exclusivo asignado a ciudadanos extranjeros que mantienen relaciones económicas, profesionales o sociales con España y debe figurar en toda la documentación oficial que se les emita.

El artículo 10 de la ley establece que la Generalitat asumirá la expedición de estos documentos identificativos, función que hasta ahora correspondía al Estado, comunicándolo a la Dirección General de la Policía y en conformidad con los lineamientos de la Junta de Seguridad catalana.

Expulsión de extranjeros.

Cataluña gestionará la expulsión de ciudadanos extranjeros cuando se trate de casos en los que haya una prohibición de entrada y no sea necesario un expediente. En estas circunstancias, la Generalitat instruirá y ejecutará la expulsión.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que la normativa distingue entre expulsiones que no requieren expediente —que serán gestionadas por Cataluña— y aquellas que sí lo requieren, en las que el gobierno catalán podrá proponer la medida, pero su ejecución dependerá de la administración central.

El régimen sancionador en materia de inmigración, hasta ahora bajo control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se abordará en el artículo 6 de la ley. “A partir de ahora, todas las expulsiones de extranjeros en Cataluña serán tramitadas por la Generalitat”, subrayó Nogueras.

Sanciones y expulsiones con expediente

Cataluña también tendrá la facultad de imponer sanciones y ejecutar expulsiones que requieran expediente, aunque deberán ser previamente evaluadas por la Junta de Seguridad catalana.

Contratación de trabajadores extranjeros en origen.

En el ámbito laboral, Cataluña podrá definir junto a empresas y sindicatos los perfiles y el número de trabajadores extranjeros necesarios.

Conforme al artículo 3 de la ley, la Generalitat podrá conceder permisos de trabajo y gestionar directamente la contratación en origen, según lo establecido en el artículo 5.

Asimismo, podrá determinar la previsión anual de puestos a cubrir mediante gestión colectiva de contratación en origen, en función de la demanda del mercado laboral catalán.

También se le otorga la capacidad de definir los criterios de contratación en origen, elaborando un listado de empleos prioritarios y recibiendo solicitudes de organizaciones empresariales y sindicales dentro de su territorio.

Lucha contra la trata y explotación de personas.

Los Mossos d’Esquadra asumirán la competencia en la prevención, persecución, protección y asistencia a víctimas de trata y explotación humana. Esta transferencia de responsabilidades se encuentra en la disposición adicional primera de la ley.

Transferencia de recursos a Cataluña.

Para garantizar el adecuado ejercicio de las competencias delegadas, el Estado transferirá a Cataluña los recursos humanos, patrimoniales y financieros necesarios en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

La Comisión Mixta de Transferencias determinará los medios que se pondrán a disposición de la Generalitat, formalizando el traspaso mediante un Real Decreto.

Las instituciones catalanas tendrán un papel clave en la gestión de la inmigración, alineándose con la legislación internacional, europea y estatal, con el objetivo de desarrollar un “modelo propio” y una “política integral” en esta materia.

“Es fundamental que trabajemos de manera conjunta. La exposición de motivos de esta ley refleja con claridad los principios y valores que guían nuestra política migratoria, tanto a nivel interno como en el ámbito internacional. Nos sentimos cómodos con el enfoque de esta norma”, afirmó la ministra Elma Saiz.